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Camino de piedras hacia Copenhague

A pocos días de la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague, el panorama se presenta aún confuso y sin muchas esperanzas de que al término del mismo la situación sea diferente. Los intereses propios de las grandes potencias, siempre reticentes a hacer compromisos firmes, y los países en plena expansión industrial, que ven cómo justo ahora se les pide esfuerzos para reducir la contaminación que produce su crecimiento, se interponen en los propósitos que prentenden desde la organización de la conferencia.

Por un lado, EE UU se mantiene en su línea y sólo ofrece reducir las emisiones de su país (responsable del 40% de las emisiones de CO2 del planeta) en un 17% para 2020 frente a los niveles del 2005. Según la Unión Europa y los científicos, esta cifra tendría que ser del 30%, y frente a los niveles de 1990, por lo que la cantidad propuesta es ampliamente insufieciente para cumplir con los objetivos mínimos fijados por los expertos.

Además, Obama aún no ha podido conseguir la aprobación de su plan contra el cambio climático por parte del senado estadounidense, que desde su negativa a Kioto dejó claro sus intereses en la industria de los combustibles fósiles, así que no tendrá vía libre para hacer negociaciones. De hecho, el anuncio de su asistencia a la capital danesa se ha hecho esperar, y muchos le acusan de acudir a la cumbre sólo porque le viene de paso en la recogida de su polémico (ahora más aún) premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Oslo.

La posición de China y la India también sigue preocupando a los altos cargos europeos, ya que rechazan toda imposición de reducir la emisión de gases mientras los países ricos no asuman la responsabiliad del nivel de deterioro actual del medio ambiente. Aún así, estos dos países producen el 25% de las emisiones de CO2, pero también alojan las baratas fábricas de muchas empresas internacionales.

El ministro indio de Medio Ambiente, Jairam Ramesh, aseguró que el cambio climático “se está convirtiendo en un pretexto para la aplicación de políticas proteccionistas con una etiqueta verde”,  lo que sería rechazado por la India y otros países en desarrollo, como China, Brasil, Sudáfrica o Rusia.

Por otra parte, España, que ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2006 en más de un 50%, sigue cumpliendo el protocolo de Kioto a base de comprar derechos de emisión a países del este de Europa, por lo que esta vez tendrá que asegurarse de llegar a acuerdos que puedan ser una realidad.

Tendremos que esperar para ver qué es lo que cada cual decide, y también lo que conllevará para sus ciudadanos, que ni mucho menos estamos en igualdad de condiciones ni en niveles de contaminación (o industrialización) ni en vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático. Lo que ya se puede sospechar, y la mayoría asegura, es que toda medida es necesaria, pero tardía e insuficiente, y que hemos desencadenado un proceso que a estas alturas es ya irreversible.

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Francia cobrará por las emisiones de CO2

contaminacionEl presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha anunciado que a partir del 2010 será obligatorio pagar un impuesto sobre las emisiones de carbono, fijado en 17 euros por tonelada de CO2, aunque se elevará progresivamente en los próximos años. Este impuesto se aplicará sobre el petróleo, el gas y el carbón, quedando excluida la electricidad, puesto que en Francia proviene en un 75% de la energía nuclear.

Este impuesto afectará tanto a las empresas como a los ciudadanos, diferenciando entre urbanos, con transporte público, o rurales, y la medida conllevará una compensación fiscal en función del sector al que se pertenezca, reduciendo el impuesto sobre la renta de las familias o mediante unos “cheques verdes” equivalente a la cantidad retenida por la tasa del carbono, como se la conoce ya comúnmente.

El objetivo de esta medida fiscal no es aumentar los impuestos, sino “incitar a las familias y empresas a modificar progresivamente sus comportamientos para preservar el medioambiente”, según explicó Sarkozy. La penalización por la emisión de dióxido de carbono no es una novedad, y Francia tiene como modelo a Suecia, que ya en 1991 creó un impuesto que hoy en día llega a los 100 euros por tonelada, y que ha reducido desde entonces un 9% sus emisiones.

En España, José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que la medida francesa es una iniciativa a tener en cuenta: “en esta fiscalidad verde están trabajando todos los países desarrollados debido a que la lucha contra el cambio climático y la contaminación nos obligan a ser exigentes. Y una de las maneras de ser exigentes es la imposición fiscal”. De hecho, el pasado Junio se elevó la tasa hidrocarburos en 2,9 céntimos por litro, aunque el presidente español fue poco insistente en que era una medida para luchar contra el cambio climático.

No faltan detractores de este tipo de medidas indirectas, que dudan de su efectividad para reducir la emisión de gases contaminantes a la atmosfera y que temen que todo sea otro forma de recaudar fondos para el Estado. La mayoría de los franceses están en contra, y piensan que no serviría para avanzar en la consecución de los objetivos de Kioto. Los ecologistas también temen que gravar los combustibles fósiles beneficie aún más a la energía nuclear en Francia.